La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias inició nueve expedientes sancionadores por infracciones en el subsector vitivinícola en 2016

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha iniciado un total de nueve expedientes sancionadores por infracciones en el sector vitivinícola en 2016, fruto de la estrategia para la lucha contra el fraude en esta actividad que está ejecutando el departamento, según informó hoy en rueda de prensa el consejero del área Narvay Quintero.

El responsable del departamento aclaró que de éstos solo uno corresponde a un caso en el que se ha comprobado que se ha utilizado uva de importación para producir vino de forma fraudulenta-ya que el resto de expedientes sancionadores se deben a otros incumplimientos de la normativa aplicable-, lo que demuestra, según remarcó, «que el mal uso de uva de importación en el Archipiélago es testimonial».

«En el Consejo de la Viña y el Vino, celebrado el 29 de septiembre de 2016, el sector vitivinícola allí reunido informó de la baja producción de los viñedos en casi todas las zonas de producción, al mismo tiempo que denunció la entrada de uva en Canarias, solicitando que se reforzaran los controles pertinentes para evitarlo. En ese encuentro se aclaró que está permitida la importación de uva para producir vino sin Denominación de Origen Protegida y prohibido su utilización para producir vino con DOP y vino que se sirva en guachinches», explicó Quintero.

«En un año en el que la cosecha de uva ha experimentado una reducción que ha variado del 30 al 80%, con una reducción media del 50% respecto al 2015, desde el Ejecutivo canario hemos querido poner en marcha una serie de medidas de apoyo a los viticultores del Archipiélago, entre las que se encuentran estos controles y otras acciones dirigidas a dar prioridad dentro del abono de la ficha adicional de POSEI a las ayudas a la viticultura, y solicitar una rebaja de la cantidad mínima de kilogramos por hectárea para percibir dichos fondos como excepción por condiciones climatológicas extraordinarias, además de convocar de forma anticipada la línea al PDR para promoción de estas producciones e incrementar en 100.000 euros la subvención para los Consejos Reguladores», indicó el consejero.

A estas actuaciones se suma una acción más concreta para la isla de La Palma, afectada por la merma de la producción de uva y también por las pérdidas provocadas por el incendio de este verano. Así, el pasado mes de diciembre se convocaba la línea del Programa de Desarrollo Rural (PDR), dotada con 600.000 euros y dirigida a cubrir los daños provocados por desastres naturales o catástrofes. Estas ayudas servirán para la realización de inversiones tanto en explotaciones como en infraestructuras agrarias de titularidad pública o privada.

Atendiendo a las peticiones del sector, el Instituto ha realizado en el marco de dicha estrategia para la lucha contra el fraude, el control de las partidas de uva de vinificación importadas, que abarca importadores, distribuidores y bodegas, para detectar posibles fraudes. Es decir, se ha realizado un análisis de la trazabilidad de la uva desde que entra por los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) hasta su llegada a las bodegas.

Así, según informó el director del ICCA, José Díaz-Flores, se han llevado a cabo un total de 53 inspecciones en bodegas con el objeto de realizar un control integral de las mismas, en las que se han comprobado las materias primas utilizadas, las prácticas enológicas realizadas, los registros que están obligadas a llevar, el etiquetado, los parámetros físico-químicos del vino, etc. Además se han efectuado 443 controles de aforos, con el fin de controlar las existencias de vino en la bodega, antes y después de la vendimia, para contabilizar la producción, calificación y comercialización del mismo; y se han tomado 29 muestras para analizar las producciones con el propósito de comprobar si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa y si los parámetros encontrados coinciden con lo declarado en el etiquetado.

Como comentó el responsable del Instituto, se han efectuado controles de la uva importada a partir de la información suministrada por los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF), que dependen de la Administración General del Estado. En este sentido, los PIF han remitido al ICCA un total de 42 notificaciones que confirman que se ha introducido un total de 595.051 kilos-577.260 en Tenerife, 68.432 en La Palma y 14.896 en Gran Canaria- a través de ocho importadores. Por variedades, esta cantidad se distribuye en 363.052 de Tempranillo, 164.597 kilos de Monastrell, 37.480 kilos de Macabeo, 16.613 de Tintorera y 13.309 de Syrah.

Para el control en distribución se realizaron seguimientos de la uva de vinificación importada desde los distribuidores hasta los clientes finales, es decir, las bodegas. Así, se controlaron 657 ventas que corresponden a 507.256 Kilos de uva, lo que supone el 88% del total de uva importada. En estas se comprobó las facturas y documentos de acompañamiento para detectar las bodegas que adquirieron la uva de importación y si se ha producido un fraude en su utilización. Las bodegas que adquirieron más de 5.000 kilos de uva importada fueron cinco, y 20- 19 sin DOP y una con DOP- las que compraron más de 2.000 kilos, las cuales fueron controladas en su totalidad con el fin de determinar si se estaba realizando una utilización fraudulenta de la misma. También se trasladó la información sobre los compradores de uva de importación al Cabildo de Tenerife para que comprobara si alguno correspondía o estaba asociado a un guachinche. Todas estas actuaciones de control se seguirán realizando a lo largo de 2017.

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